Guía práctica sobre la Ley 4/2023 y el Real Decreto 1026/2024: fases del Registro Civil, plazos máximos, actualización obligatoria de documentos (DNI, títulos y Seguridad Social), filiación no matrimonial y generación de una hoja de ruta personalizada.
Materiales para custodiar con privacidad certificaciones oficiales, partidas registrales, copias compulsadas y destruir datos sensibles.
Mantiene organizadas por fases las solicitudes del Registro Civil, partidas literales de nacimiento, certificados de empadronamiento y títulos académicos.
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Ver en Amazon Buscar más modelos similaresTextos legales actualizados con la jurisprudencia civil, filiación, matrimonio y normativa de igualdad en el ordenamiento jurídico español.
Ver en Amazon Buscar más modelos similaresNo. Con la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, queda expresamente prohibido exigir diagnósticos de disforia de género, informes psicológicos, tratamientos hormonales durante dos años o cirugías genitales. El procedimiento se fundamenta exclusivamente en la libre manifestación de la voluntad de la persona ante el Registro Civil.
El procedimiento consta de dos comparecencias obligatorias. Tras la primera comparecencia, la persona dispone de un plazo máximo de 3 meses para ser citada y ratificar su solicitud. Una vez ratificada, el encargado del Registro Civil dispone de un plazo máximo de 1 mes para dictar la resolución y practicar la inscripción. Por tanto, el plazo legal total ronda los 4 meses.
No. El artículo 47 de la Ley 4/2023 establece de forma tajante que la reexpedición de títulos y diplomas académicos tras una rectificación registral de la mención de sexo está 100 % exenta del pago de cualquier tasa o recargo administrativo por duplicado.
No. El número de tu DNI con su letra de control y tu número de afiliación a la Seguridad Social (NAF) se mantienen idénticos para no perjudicar tus cotizaciones ni tu historial laboral. Lo único que se actualiza en el documento físico y en las bases de datos oficiales es tu nombre de pila, tu sexo registral y tu fotografía.
El Real Decreto 1026/2024 tipifica la ausencia de medidas planificadas o la falta de protocolo frente al acoso LGTBI en empresas de más de 50 trabajadores como una infracción grave en materia laboral, susceptible de sanciones económicas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que oscilan entre 7.501 y 225.018 euros.
