Buscador de morosos de Hacienda (AEAT)

La publicación está expresamente regulada en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). Esta disposición constituye una excepción tasada al carácter reservado de los datos tributarios, con el fin de promover la transparencia, concienciar sobre el cumplimiento fiscal e incentivar el cobro de deudas públicas de gran cuantía.

Originalmente, cuando la lista comenzó a publicarse en 2015, el umbral fijado por la ley era de un millón de euros. No obstante, con la aprobación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el legislador rebajó el límite a 600.000 euros para ampliar el alcance de la transparencia pública. Asimismo, se incluyó expresamente a los responsables solidarios de las deudas.

No. La ley establece que solo se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que no se encuentren aplazadas ni suspendidas legalmente (por ejemplo, mediante la aportación de avales o garantías reglamentarias en vía contencioso-administrativa). Si el contribuyente tiene concedido un aplazamiento o una suspensión cautelar firme a la fecha de corte, no figura en la relación pública.

Las sociedades mercantiles incursas en concurso de acreedores o en fase de liquidación concursal continúan figurando en la lista mientras la deuda tributaria permanezca sin saldar. Gran parte del volumen de deuda histórica (superior al 60 %) corresponde a promotoras y constructoras extintas o en procesos de liquidación judicial prolongados.

Un deudor abandona la lista oficial en la siguiente edición anual si, antes de la fecha límite de toma de datos (fijada habitualmente a 31 de diciembre de cada ejercicio), cancela íntegramente la deuda, reduce su saldo por debajo de 600.000 euros, o formaliza un aplazamiento garantizado con la Agencia Tributaria. Además, la normativa permite realizar el pago exprés en el periodo de alegaciones previo a la publicación definitiva para evitar la difusión pública de su nombre.

De acuerdo con el criterio vinculante de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Tribunal Constitucional, la publicación de personas físicas se limita a nombre, apellidos y número de NIF debidamente disociado o enmascarado (mostrando solo cuatro dígitos centrales), evitando la exposición indiscriminada de direcciones particulares o datos de contacto sensibles.